La Zarza según el censo de Floridablanca (1787)

El Censo de Floridablanca responde a la Real Orden dada por el rey Carlos III el 25 de julio de 1786, en la que dispuso repetir la catalogación de vecinos que se hizo en el Censo de Aranda (1768) para conocer el estado de la población española, pero, a diferencia de éste, utilizó como referencia las intendencias y no los obispados.

Fue realizado siguiendo las directrices de José Moñino y Redondo, I Conde de Floridablanca, Secretario del Despacho de Estado bajo el reinado de Carlos III, del que tomó su nombre. Se elaboró recorriendo todas las casas de cada calle y todas las calles de La Zarza, recogiendo la información por individuos en lugar de por cabezas de familia u hogares. Publicado en 1787 bajo el título de «Censo español executado de Orden del Rey comunicada por el Excelentísimo Señor Conde de Floridablanca, Primer Secretario de Estado y del Despacho, en el año de 1787», fue encomendada su ejecución a los intendentes de cada provincia, que harían llegar a las autoridades civiles municipales un cuestionario único con los datos a recopilar. Aportó como novedad la aparición del estado de viudos, así como la clasificación por ocupaciones.

En el censo, Zarza de Alange aparece como villa, privilegio conseguido en 1589 tras independizarse de la Encomienda de Alange. Territorialmente correspondía a la Intendencia de Extremadura y al Partido de Mérida, integrado por 39 localidades. Su jurisdicción pertenecía a la Orden de Santiago y eclesiásticamente no dependía de ninguna diócesis, por lo que no estaba bajo el mando de ningún obispo, es lo que se conoce como «nullius diocesis» (esto sucedía cuando desaparecía alguna diócesis por distintas circunstancias históricas, como ocurrió con la de Mérida). Su núcleo urbano contaba con 347 casas, donde residían un total de 1453 habitantes, bajo la autoridad de dos alcaldes ordinarios. No consta ningún convento, monasterio, colegio, casa de reclusión, hospital, hospicio ni casa de expósitos.

El censo clasificaba a los 1453 habitantes de La Zarza por estado civil, edad y sexo; cuyo número de varones y mujeres era casi parejo (743 varones y 710 mujeres). Establecía grupos de edades sobre el total (menores de 7 años, de 7 a 16, de 16 a 25, de 25 a 40, de 40 a 50 y mayores de 50) y a su vez en solteros (745 habitantes: 404 varones y 341 mujeres), casados (591: 298 varones y 293 mujeres) y viudos (117: 41 varones y 76 mujeres). Por establecer algunas comparaciones, el Catastro de Ensenada del año 1752, arrojaba para La Zarza una población de 393 vecinos (en torno a 1572 habitantes si multiplicamos cada vecino o unidad familiar por cuatro) y un caserío compuesto por 326 casas habitadas, ocho vacías y tres solares. El Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura de 1791 cifraba la población en 434 vecinos, unos 1736 habitantes.

El Censo de Floridablanca también estableció una clasificación por ocupaciones sobre la población, en la que aparecían las siguientes profesiones: curas, beneficiarios, tenientes de cura, sacristanes, acólitos, ordenados a título de patrimonio, ordenados a menores, hidalgos, abogados, escribanos, estudiantes, labradores, jornaleros, comerciantes, fabricantes, artesanos, criados, empleados a sueldo real, con fuero militar, dependientes de la Inquisición, síndicos de órdenes religiosas, dependientes de cruzada, demandantes, otros, y menores y sin profesión especificada. Aparecen por tanto 357 habitantes con profesión, un 25% de la población, el 75% restante se muestra en el apartado de «menores y sin profesión». Sin duda, el porcentaje de población ocupada sería mayor, pues no están especificadas todas las profesiones, y las mujeres, que suponen la mitad de la población, participarían en alguna actividad económica. No aparece en el censo ningún maestro (preceptor de gramática o maestro de primeras letras) y menos aún médicos, cirujanos o boticarios; tampoco hace referencia a la administración local (alcaldes ordinarios, regidores y oficiales de justicia), ni a los gremios de hostelería y construcción.

Los 357 ocupados se desglosan de la siguiente manera. Los dependientes de la Iglesia, es decir, los mantenidos por las rentas y propiedades de la parroquia de San Martín, así como de las ermitas de Nuestra Señora de las Nieves, San Gregorio y San Marcos, todos pertenecientes al clero secular, totalizan siete personas: un cura o párroco titular de la iglesia que sería el encargado del cuidado, instrucción de la doctrina cristiana y administración de los Sacramentos a los fieles; un sacristán cuyas funciones eran ayudar al cura en la administración de los Sacramentos, disponer y cuidar los ornamentos litúrgicos, así como la limpieza y aseo de la iglesia y sacristía; un acólito o eclesiástico cuyo oficio era ayudar en el altar portando luces en el templo y presentando el vino y el agua, a la vez que administraba la eucaristía como ministro extraordinario; tres ordenados a título de patrimonio, aspirantes a recibir las órdenes sagradas, mantenidos gracias al patrimonio de la iglesia o de algún particular y un ordenado de menores que podía desempeñar diversos servicios como ostiario, lector, exorcista y acólito.

Un empleado de la Inquisición informaba sobre presuntos herejes

Cinco hidalgos, que como tales contaban con muchos privilegios: estaban exentos del pago de determinadas contribuciones y servicios, no podían embargarles su casa, las armas o el caballo; tenían justicia y cárcel propia, no podían ser sometidos a tormento, ni condenados a la horca ni a otra muerte considerada infamante, a la vez que accedían a algunos empleos o dignidades. Esta condición, también llevaba aparejada ciertos deberes, como la obligación de mantener caballo y armas, así como recibir periódicamente preparación militar, a fin de acudir a la guerra cuando el rey lo requiriese. Un escribano o funcionario público, Manuel Antonio Amarilla realizó esta función desde 1781 a 1794, encargado de asistir a las sesiones del concejo y autorizar sus acuerdos, así como llevar los libros municipales; también podía actuar como notario entre particulares dando fe de los actos realizados ante él y redactando documentos como contratos, testamentos o escrituras. Un empleado con sueldo del Rey, que podría ser algún militar. Un acogido con fuero militar, que gozaba del privilegio de una justicia castrense separada de la ordinaria. Un familiar de la Inquisición o del Santo Oficio, nombre que recibían ciertos miembros de menor nivel dentro de la Inquisición española no pertenecientes al clero, cuya función era la de servir de informantes, denunciar, perseguir y detener a presuntos herejes, pero no juzgarlos, algo que correspondía a los tribunales provinciales. No sólo disponían del privilegio de la exención de algunos impuestos y de portar armas, sino que además, suponía el reconocimiento de la limpieza de sangre. Todo ello contribuía a que fuese un cargo muy cotizado. En 1766, el familiar de la Inquisición en La Zarza era Francisco Rodríguez Tejar.

59 labradores, entendido como los que cultivan sus propias tierras o arrendadas; también el que las posee, aunque no las labre directamente. 212 jornaleros que trabajan por un jornal en el campo o en otras labores, aunque con carácter extensivo se aplica a los trabajadores agrícolas que no tienen posesión de tierras. Dos comerciantes que venderían sus mercancías en los mercados, tiendas o almacenes. 31 artesanos que producirían sus artículos a mano, pudiendo trabajar solos o junto a otras personas como ayudantes o aprendices, y 37 criados, gente humilde y sin estudios, que realizarían labores domésticas en casa de los hidalgos, ricos labradores, artesanos o comerciantes acaudalados. Catorce años más tarde, en el Interrogatorio de la Real Audiencia de Extremadura aparecían 28 hidalgos, 14 artesanos, 144 labradores y 250 jornaleros.

Fabián Lavado Rodríguez

Cronista Oficial de La Zarza