Solo dos de cada mil extremeños tienen testamento vital, la tasa más baja del país

Este último nombre, de hecho, es el que ha elegido la región para su registro, que es una base de datos en la que se recopilan todos los documentos, y que está conectado con el Registro Nacional de Instrucciones Previas. Según este último, al cierre del pasado mes de abril había en la base de dato extremeña 1.889 nombres, lo que equivale a una tasa de 1,76 por cada mil habitantes, con diferencia la ratio más baja del país si se exceptúa a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La media nacional supera el seis por mil, y en las regiones donde más extendidas están este tipo de declaraciones (Navarra, País Vasco y Cataluña) se supera por poco el diez por mil. Hace seis años, el número de ciudadanos que habían dado el paso de inscribir esta declaración eran 1.039, lo que significa que este repositorio crece a una media de 139 altas anuales.

Según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el documento de instrucciones previas es aquel «por el que una persona mayor de edad, capaz y libre, manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que esta se cumpla si llega un momento en el que no es capaz de expresarla personalmente, sobre los cuidados y el tratamiento de su salud o sobre el destino, una vez llegado el momento, de su cuerpo o sus órganos».

Esa información que el ciudadano deja por escrito tiene carácter confidencial, se incorpora a su historia clínica y está destinada al doctor o el equipo sanitario que la atienda llegado el momento. «La instrucción previa es algo muy importante, porque supone una mención expresa de qué es lo que queremos que hagan con nosotros si llega un momento en el que nuestro estado de salud nos impide manifestarlo», resume Juan Calixto Galán, fiscal jefe de Badajoz y coautor junto al médico forense Mariano Casado del libro 'Testamento vital y muerte digna', que recibió el Premio Nacional de Derecho Sanitario en el año 2016.

«Las instrucciones previas -amplía Galán- son la expresión máxima del derecho de los pacientes, y también el ejercicio máximo de expresión de nuestra voluntad». «Tener registrado este documento supone haber marcado los designios de un momento sustancial de nuestro futuro», añade el fiscal jefe, que cree que las diferencias entre el volumen de los registros de unas comunidades autónomas y otras se explica fundamentalmente por cuestiones sociológicas.

«Es importante que los ciudadanos conozcan la existencia de este documento, que en general es bastante desconocida», apunta Juan Calixto Galán, que considera que su importancia es aún mayor en estos días, en los que se está gestando una nueva ley que regule la eutanasia en España. «Tenga el sentido que finalmente tenga esa nueva norma -reflexiona el experto-, hace especialmente las instrucciones previas, que no olvidemos que permite expresar la voluntad sobre muchas situaciones diferentes». Entre ellas, cita el fiscal jefe de Badajoz, no solo lo ya referido sobre alimentación artificial o respiración asistida, sino también sobre qué hacer si el fallecido tiene su semen depositado en un banco u otras muchas situaciones que sin un documento de este tipo pueden dar pie a un conflicto de tipo legal y en ocasiones, también a uno de tipo familiar.