La Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto una condena de casi 25 años de prisión a Ginel P., el joven de nacionalidad rumana que en enero de 2016 acabó con la vida de Mirela Gheorge, la joven con la que había mantenido una relación que se rompió después de que amenazara a la chica.

El jurado formado por ciudadanos que juzgó este caso ya encontró culpable al ahora condenado, pero fue este lunes cuando se conoció la sentencia en la que el presidente de la sección penal de la Audiencia, José Antonio Patrocinio, fija la condena.

En su fallo explica las razones por las que se imponen 24 años de cárcel por el delito de asesinato. En primer lugar, porque el condenado provocó esa muerte «de forma consciente y deliberada al propinarle numerosos golpes en su cuerpo» utilizando tanto sus propias manos como objetos contusos y cortantes que le causaron «un gran sufrimiento y padecimiento hasta su muerte».

El tribunal del jurado concluyó que la muerte fue sorpresiva, «sin que existiera defensa por parte de la víctima». Considera probada la alevosía dado que el ataque fue sorpresivo y súbito. «El primer golpe con la botella en la cabeza, unido al estado de embriaguez, le produjo un estado de aturdimiento y confusión incompatible con toda posibilidad de defensa».

En esta tesis abunda el hecho de que la joven no presentara heridas defensivas en sus manos que hagan suponer que trató de repeler la agresión.

El tribunal también determinó que había existido ensañamiento porque el asesino le causó padecimientos innecesarios que aumentaron «deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima», tal y como había defendido el abogado de la acusación, Francisco Conde.

En el fallo se aclara que, de todos los golpes recibidos, sólo la fuerte patada en el tórax que recibió cuando estaba en el suelo le habría causado la muerte por sí sola. «Las demás agresiones no eran mortales por sí solas, lo que demuestra que fueron males innecesarios».

Finalmente, se le aplica la agravante de parentesco –habían sido pareja– y la agravante de género –se trataba de una relación de dominio y poder en la que el acusado había sido condenado previamente por un delito de violencia de género por amenazas–.

También se tiene en cuenta la circunstancia atenuante de confesión de los hechos porque relató lo ocurrido de forma «espontánea y voluntaria» a los agentes que se desplazaron a la mañana siguiente a su casa, una confesión que «ha sido un fundamental elemento de convicción».

No se consideran sin embargo la circunstancia atenuante de arrebato –existen datos que apuntan en la dirección contraria– ni la de intoxicación etílica del asesino –no ha quedado probada–.

Con estos elementos, el presidente de la Audiencia lo considera culpable de asesinato y le impone 24 años de prisión, además de una medida de libertad vigilada posterior de siete años y la privación de la patria potestad del hijo que tuvo con la fallecida. En concepto de responsabilidad civil tendrá que indemnizar a sus padres con 30.000 euros y con 150.000 tanto al hijo que tenían en común como al hijo anterior de la fallecida. Además, se le imponen otros nueve meses de prisión por quebrantar la condena que le impedía acercarse a la joven.