Microhistorias de La Zarza en el siglo XIX

Abordamos en este artículo una serie de pequeñas historias o «microhistorias» que, aunque puedan parecernos poco importantes, nos dan suficientes indicios para comprender como se vivía o se comportaba la sociedad de una determinada época, en este caso La Zarza del siglo XIX. En palabras de Á. López Franco, estas microhistorias parten «de reflexiones sobre la necesidad de hacer una historia más cercana a la cotidianidad y a las vivencias de las personas». No se trata de una historia global o general, ni del estudio de los grandes acontecimientos políticos, sociales o económicos que movieron el mundo y que todos conocemos, sino de reducir la escala de análisis, de dar una visión local que nos permita conocernos como pueblo en un determinado momento histórico y saber cómo nos afectaba.

El 5 de diciembre de 1825, al alcalde ordinario de Zarza junto Alange por el estado noble, D. Juan Carrasco Peñafiel, hizo saber a los representantes de la Junta Directora de Extinción de Langosta, que obrando en consecuencia de lo prevenido en las reales y superiores órdenes relativas a la extinción de la langosta, se había formado en la población el correspondiente expediente para el descubrimiento de su puesta de huevos. Practicadas ya varias diligencias y reconocimientos, resultó que se encontraban infectadas algunas fincas por dicha plaga, aunque no se había extendido considerablemente. Una vez finalizadas las inspecciones que se estaban llevando a cabo, citando a los interesados y dueños de los terrenos, daría cumplida noticia a la Junta de Extinción para que se tomaran las medias necesarias para la extinción del pernicioso insecto.

El 15 de abril de 1839, el alcalde presidente del Ayuntamiento de Zarza junto Alange, D. Francisco Gutiérrez y Mateos, instó un recurso a la Excma. Diputación de la Provincia de Badajoz, comunicando que el municipio había cumplido con las órdenes publicadas en los boletines oficiales para que las corporaciones cesantes rindiesen las cuentas de su administración, pues había requerido varias veces a D. Lucas Montero, alcalde de 1837, que presentase las cuentas de propios y arbitrios de dicho año, imponiéndole las multas expresadas en las circulares y otras que él había tenido a bien aplicar para que formalizase el encargo.

Es más, Sebastián Guerrero, en su nombre y en el de Pedro Merino y Fernando Delgado de la Peña, concejales del ayuntamiento en 1838, informó al Presidente de la Diputación, que pese a estar amenazados con una multa de 1000 reales si no presentaban las cuentas de propios de 1837, el alcalde Lucas Montero se desentendía del mandato, y pese a que le instaron numerosas veces para que formalizase los documentos justificativos de la cuenta, todos sus intentos y amonestaciones resultaron infructuosos. Por ello, suplicaron al dirigente provincial los eximiera de toda culpa y responsabilidad por la falta de presentación de los balances, y se la exigiera al propio Lucas Montero como alcalde que fue en 1837, así como el importe de todas las costas que sobreviniesen de su negativa.

De esta forma, Francisco Gutiérrez logró que se presentasen las citadas cuentas con su correspondiente copia; pero que por sus muchos defectos, no fueron aprobadas por la alcaldía actual. No obstante, en el resultado de las cuentas aparecía un sobrante bastante elevado, ocasión que aprovechó para solicitar que con este remanente se reparasen la Casa Carnicería y el reloj de la villa, pues eran muy beneficiosas para el vecindario, señalando que indicados deterioros se produjeron en 1837.

También se disculpaba por la tardanza en el envío de las cuentas, dado que no se había dispuesto con rapidez el importe en metálico que debía acompañarlas, el 20% del valor de los propios del municipio, para su entrega en la Depositaría Principal. Tuvo noticias por el mayordomo de propios y arbitrios Juan Mauricio Flores, que el dinero ya lo había llevado a Badajoz Pedro Merino, regidor que formaba parte del ayuntamiento en 1837, por lo que determinó entonces remitir las cuentas de 1837 a la Diputación, esperando el acuse de recibo de las mismas.

El día 10 de abril de 1861, el vecino Patricio Labado Dicha dirigió un escrito al Ayuntamiento de Zarza junto Alange, haciendo saber que era propietario de un molino harinero de cuatro piedras, conocido por la Molineta, en el río Guadiana, término jurisdiccional del municipio. El molino, con las últimas riadas, había sufrido numerosos daños, y al carecer la población de fábricas de materiales, particularmente de ladrillos, Patricio Labado solicitó permiso municipal para construir un horno en la dehesa de propios, lindante al río Matachel, en el lugar donde antes se acostumbraba a conceder terreno para el mismo objeto, con el fin de fabricar ladrillos para la reconstrucción del molino.

El ayuntamiento de la villa, compuesto por el alcalde Juan Delgado Almendro, José Guerrero, Mateo Cortés, Sebastián Lázaro, Pedro López, Juan Rodríguez Hidalgo, Antonio Bravo, Benito Guerrero, Alejandro Guerrero Zama, Pedro Zama y el secretario Agapito Flores, se reunió en sesión ordinaria el 28 de abril, advirtiendo de la solicitud presentada por Patricio Labado. Teniendo en cuenta lo escaso que estaba La Zarza de hornos de ladrillos y lo útil que sería la construcción que se solicitaba, se lo aprobó, siempre que no perjudicase el trabajo y manufactura de los que anteriormente estaban concedidos en aquella demarcación.

El 5 de mayo, la corporación municipal informó al Gobernador provincial de la decisión tomada favorablemente sobre la solicitud realizada por Patricio Labado, con el propósito de obtener su aprobación. Por fin, el alcalde de Zarza junto Alange recibió carta del Gobernador, fechada en Badajoz el 23 de mayo, en la que resolvía conceder el permiso para la construcción del horno de ladrillos en la dehesa de propios contigua al río Matachel, con la condición del previo pago de la renta del terreno que ocupase con dicha construcción y sin que nunca pudiera entenderse que el solicitante adquiriera el derecho de propiedad sobre el indicado terreno.

El 23 de abril de 1861, Antonio José Gómez y Juan Delgado Almendro, vecinos de Zarza junto Alange, dirigieron una instancia al Gobernador provincial dando cuenta que las avenidas del río Matachel habían arruinado un horno de ladrillos de su propiedad, situado en la dehesa de propios de la población colindante con el mismo río, donde habían edificado otro horno en la demarcación del arruinado, en los mismos «cabaderos» o zanjas de donde se sacaba la tierra para la elaboración del material. Pero como ese horno, según los solicitantes, era el único que había en La Zarza y no era suficiente para cubrir la necesidad de ladrillos de la población y otras cercanas, deseaban construir otro en el mismo sitio, a corta distancia del reconstruido, pero fuera de su delimitación.

Para ello, suplicaban a la autoridad provincial les concediese licencia para levantar un nuevo horno de ladrillos en el sitio indicado, que ya se destinaba a esta función desde hacía muchos años, toda vez que en el término municipal no había otro lugar tan adecuado para este proyecto y que a la dehesa no se le hacía ningún perjuicio, en caso de que así fuera se obligaban a subsanarlo. De esta manera, podrían surtir de un material tan necesario a la población y sus convecinas, como igualmente a las obras de fábrica del ferrocarril que cruzaba el Guadiana.

El 4 de mayo, el Gobernador provincial remitió al alcalde de La Zarza la instancia que le habían enviado Antonio José Gómez y Juan Delgado Almendro, con fin de que el consistorio tomará la pertinente decisión sobre el asunto y le informaran sobre la misma. El ayuntamiento, constituido por el alcalde Juan Rodríguez Hidalgo, Alejandro Romero Zama, Sebastián Lázaro, Antonio Bravo, Benito Guerrero, Pedro Zama, Juan Carbonero, José Guerrero, Sebastián Espinosa y el secretario Agapito Flores, se reunió en sesión ordinaria para examinar la solicitud, y visto que los solicitantes habían comenzado la excavación para su nuevo horno sin consentimiento de la municipalidad, creídos de que podían hacerlo por estar en el terreno del que antes tenían y se había arruinado, además de pedir permiso para edificar otro, teniendo en cuenta que la villa carecía de un «artefacto» que pudiera abastecerla de este material tan necesario, concedieron lo que se solicitaba e informaron, el 21 de mayo, al gobernante provincial del acuerdo adoptado. En vista de ello, días más tarde, autorizó la construcción del horno en la dehesa de propios municipal, con la condición de que pagaran al fondo de propios la renta que correspondía por la parte del terrero que ocupara, pero sin obtener el derecho de propiedad sobre la parcela.

Parecía que todo estaba resuelto; pero, el 27 de julio, los interesados contactaron nuevamente con el Gobernador para hacerle saber que cuando fueron citados por el síndico y dos peritos para presenciar el «arrayo» o trazado del horno que iban a hacer, y ya sobre el terreno, les dijo el síndico que el horno no necesitaba delimitarse, puesto que podían continuar con el que tenían dañado, contestando Antonio José Gómez que ese horno lo estaban construyendo por el arruinado, y que no habían pedido permiso para él porque no creían necesitarlo, ya que estaba dentro de la demarcación del antiguo, cuya concesión y adquisición se hizo hace 32 años, pagando por él la contribución anual que les habían impuesto. Lo que ellos pidieron fue el permiso para hacer un nuevo horno fuera de los límites de áquel, y que se les había concedido. Se quejaban de que el síndico no quiso rayar el horno; pero sí lo hizo con el de Patricio Labado, inmediato al suyo, causándoles perjuicios, puesto que no les dejaba terreno para sacar tierra. Además, en el informe que hizo el ayuntamiento a la solicitud de Patricio Labado, decía que lo construyera en sitio donde no perjudicase al de los demandantes, único que había en la población, prueba inequívoca de que se reconocía la legitimidad que ahora el síndico rechazaba. Por lo tanto, suplicaban se expidiera nueva orden al ayuntamiento, haciéndole entender que habían solicitado un nuevo horno, próximo y fuera de la demarcación del antiguo que ya poseían por herencia.

El 7 de agosto, examinada la instancia por el Gobernador, se dirigió al alcalde exigiéndole inmediatamente que a los interesados se les señalase el terreno suficiente para edificar el horno de ladrillos que les concedió en su orden de 27 de mayo.

El 19 de marzo de 1875, D.ª Dolores Gragera y Baca, esposa de D. Antonio Galbán y Macías, ambos vecinos de Mérida, instó un recurso al Presidente de la Comisión Provincial contra el Ayuntamiento de Zarza de Alange. Ella era propietaria por compra de la dehesa de El Miradero, situada en las inmediaciones de La Zarza, cuya posesión le creaba molestias continuamente por parte del vecindario y las autoridades locales.

Desde tiempos remotos, en dicha dehesa existía un camino que desde la población conducía al río Guadiana (posiblemente se trataba del camino de la Molineta, que iba directamente hasta el molino y el vado sobre el Guadiana que cruzaba hacía Don Álvaro), el cual estaba libre y expedito para el paso de personas, caballerías y carruajes. Pero una vez construida la vía del ferrocarril Ciudad Real-Badajoz, el ayuntamiento pretendía crear sobre la finca una nueva vereda o camino público, de igual naturaleza, pero por otro punto que condujera directamente al apeadero en línea recta (la actual carretera de la estación), a cuya servidumbre se oponía la dueña con todas sus fuerzas.

Efectivamente, el Ayuntamiento de La Zarza, en sesión del 21 de febrero, acordó quitar las tablillas que prohibían el paso, prevenir a los guardas de la finca para que no dificultasen el acceso por esta nueva vereda y, por último, retirar a los propios guardas. La resolución le fue comunicada de oficio a D.ª Dolores Gragera con fecha 28 del mismo mes.

Inmediatamente interpuso el recurso de alzada ante la Comisión Provincial, con el objeto de hacer valer sus derechos por la vía legal procedente. Esperaba que el alcalde, cumpliendo con lo que prevenía el artículo 133 de la Ley Municipal de 1870, hubiera remitido los antecedentes con el informe que creyera oportuno al Gobernador provincial; pero lejos de hacerlo reglamentariamente, dio orden para que el acuerdo municipal se ejecutase como si no existiera el recurso. Por medio de este acuerdo, el ayuntamiento se arrogaba atribuciones que no le competían, porque las declaraciones sobre la existencia de servidumbres públicas eran atribución propia y peculiar de los Tribunales de Justicia, por lo que entendía que el alcalde debió suspender los efectos de dicha resolución.

No habiéndose hecho, ni remitido al Presidente de la Comisión Provincial el expediente, la propietaria, después de interpuesto el recurso de alzada necesario, suplicó el auxilio de dicha autoridad superior para que ordenara al alcalde de La Zarza suspender los efectos del mencionado acuerdo y enviar a la comisión los antecedentes con el fin de tramitar el expediente, y resolver, en su día, la demanda que por la vía gubernativa interpuso.

El 5 de mayo, la alcaldía de La Zarza recibió del procurador D. Manuel Crespo Santos, en nombre y representación de D.ª Dolores Gragera, el escrito del recurso de alzada contra el acuerdo de la corporación municipal.

Fabián Lavado Rodríguez (Cronista Oficial de La Zarza)

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