El cementerio municipal de La Zarza (1929)

A lo largo de la Edad Media y Moderna, la mayoría de los difuntos fueron enterrados en el interior de las iglesias, excepto pobres y mendigos que lo harían en pequeñas necrópolis adosadas a los templos. Las familias más acomodadas solían comprar sus sepulturas a perpetuidad, pagando una mayor o menor cantidad en función de su situación con respecto al altar, capillas u otros lugares de la iglesia. El resto de los vecinos las adquirían más baratas y por un determinado plazo, según lo estipulasen en sus testamentos o a elección de sus albaceas.

El problema de los enterramientos en el interior de las iglesias se agravó en el siglo XVIII, dado el crecimiento poblacional y las múltiples epidemias, con el consecuente incremento de las defunciones.

El detonante fue la conocida como «peste de Pasajes» de 1780 que causó en esta población guipuzcoana 83 muertos, atribuidos a las exhalaciones de las sepulturas de la iglesia. Esta «peste» junto a la epidemia de paludismo que asoló España entre 1783 y 1787 hicieron la situación insostenible. El rey Carlos III y las autoridades, ante la grave situación higiénico-sanitaria en la que se encontraba el país, aprobaron el 9 de febrero de 1785 el Reglamento del Cementerio del Real Sitio de San Ildefonso y la Real Cédula de 3 de abril de 1787, que establecía la obligación de construir los cementerios fuera de las poblaciones, en sitios ventilados y lejos de las casas del vecindario, costeándose las obras con los caudales de la fábrica parroquial y los diezmos eclesiásticos.

Según Brel Cachón, la construcción de cementerios extramuros en las distintas localidades y la prohibición de enterrar en las iglesias, conventos, ermitas y cementerios parroquiales, fue una de las mayores preocupaciones sanitarias de la monarquía española desde finales del siglo XVIII. Las malas condiciones higiénicas de «estos cementerios intramuros» y los peligros que de ellas se derivaban, impulsaron a los gobernantes a subsanar esta situación que agravaba los problemas de salubridad.

Estas referencias a la higiene y salud pública serán continuas a lo largo de todo el siglo XIX, estando presentes en toda la legislación, no solo en cuanto a la construcción de los cementerios fuera de las poblaciones. Se van elaborando disposiciones sobre inhumaciones, traslado de cadáveres, reconocimientos de los facultativos, embalsamamiento, depósito de cadáveres, mondas, etc., que crearon un abundante corpus legislativo (reales cédulas, órdenes y decretos de 1796, 1804, 1805, 1813, 1823, 1828, 1833, 1834, 1835, 1845, 1848, 1851, 1857, 1861, 1866, 1868, 1870, 1872, 1877, 1882, 1883, 1884, 1886 y 1888), muestra de su limitado y tardío cumplimiento.

El intento de edificar cementerios choca con dificultades porque afecta a diversos aspectos, desde intereses económicos por la financiación de los cementerios, pues el Estado se negaba a que fueran costeados por los ayuntamientos, a actitudes mentales, y a las difíciles relaciones entre la Iglesia y el Estado.

El cementerio adosado a la parroquia de San Martín

En los pueblos, la aplicación de todas estas leyes fue más lenta que en las ciudades, posiblemente por el menor número de difuntos, la habitual falta de recursos de las iglesias y los ayuntamientos, la mayor facilidad para eludir las órdenes de los obispos y alcaldes y las reticencias del clero y de los fieles.

De esta manera, a finales del siglo XVIII y principios del XIX, los cadáveres se seguían inhumando dentro de la parroquia. Frecuentemente, al no contar los pueblos con monasterios, conventos y hospitales, que solían disponer de sus propios cementerios, obligaba a que el único lugar de enterramiento fuera la iglesia.

En las primeras cédulas y decretos se ordenaba repetidas veces que los cementerios se construyeran «fuera de las poblaciones», pero también ofrecían otras opciones, y posiblemente a ellas se acogió La Zarza, «…siempre que no hubiese dificultad invencible, en sitios ventilados e inmediatos a las parroquias y distantes de las casas de los vecinos». Así, en la parroquia de San Martín, situada en el extremo sur de la población, a 25 varas (21 metros) de las últimas casas según el «Diccionario» de Madoz editado en 1850, se construyó pegado a ella el primer cementerio, más concretamente en el lado de la Epístola y contrario a las casas del pueblo, ocupado actualmente por la calleja y antiguas viviendas de profesores de las escuelas. Este cementerio comenzaría a recibir difuntos posiblemente en 1835, como así lo atestiguan los testamentos de numerosos vecinos zarceños recogidos en los protocolos notariales, que pasan de solicitar «es mi voluntad que despues de mi fallecimiento sea sepultado en la parroquial de esta villa» a «sea sepultado en el campo santo de esta villa y sepultura que elixieren mis albaceas testamentarios».

Es de suponer que en este cementerio adosado a la parroquia de San Martín habría sepulturas de varias clases y precios, como ocurría en el interior de la parroquia. Estaría en funcionamiento hasta la inauguración del actual cementerio municipal en 1929.

El cementerio municipal de La Zarza

Al Estatuto Municipal de 8 de marzo de 1924, y más concretamente a su artículo 203, debió acogerse el Ayuntamiento de La Zarza para construir el actual cementerio municipal («Todos los Ayuntamientos tienen la obligación de construir cementerios públicos de su propiedad. Deberán emplazarse sobre terrenos permeables al aire y al agua, en lugar contrario a la dirección de los vientos reinantes y opuestos también a la dirección de las corrientes de agua que vayan al poblado. La distancia mínima será de…un kilómetro para poblados inferiores a 5000 almas. Su capacidad habrá de ser suficiente para poder utilizarse por lo menos durante veinte años sin acudir a la remoción de restos cadavéricos»).

El 15 de mayo de 1926, se reunió la Comisión Permanente del Ayuntamiento de Zarza de Alange, presidida por su alcalde D. Pedro Guerrero Bravo; sus miembros acordaron que se hicieran las primeras gestiones para adquirir un solar para la construcción del nuevo cementerio municipal, en sitio conveniente y que reuniese las condiciones necesarias con arreglo a las disposiciones del momento, cuya consignación para la compra del terreno constaba en los presupuestos vigentes de gastos del municipio.

Fechado el 24 de marzo de 1927, el cura párroco envío un oficio al ayuntamiento comunicando la destrucción de los nichos pegados a la pared de la parroquia de San Martín, donde se encontraba el cementerio católico, para evitar las filtraciones y emanaciones que producían en el interior del templo.

El 18 de junio, el concejal D. Pedro Pérez Molina manifestaba la necesidad de construir un nuevo cementerio por las malas condiciones en que se encontraba el de la iglesia, además de ser insuficiente para el pueblo y hallarse muy próximo al mismo. La Secretaría del Ayuntamiento se encargaría de estudiar los ingresos con que contaba el municipio para las obras, así como de redactar un proyecto de presupuesto extraordinario para presentarlo al pleno municipal.

El 26 de noviembre, se instruyó el expediente para la construcción del nuevo cementerio, cuyo lugar de emplazamiento sería un terreno situado en el paraje conocido como Cabeza del Negro, en el término municipal de La Zarza, camino de Guareña, propiedad de D. Juan Quesada Pérez. La Comisión de Fomento designó a los médicos D. Juan Andrés Valor y D. Antonio López Barquero, y al farmacéutico D. Sergio Guillén Fernández para que examinaran el solar y emitiesen un informe sobre sus condiciones higiénicas en relación con los vientos reinantes y las corrientes de agua de la localidad, así como cualquier otra información que creyesen conveniente.

El 17 de marzo de 1928, vistos por la Comisión Permanente los informes positivos emitidos por los médicos y el farmacéutico sobre el terreno elegido, acordó autorizar al alcalde, D. Pedro Guerrero Bravo, para que a la mayor brevedad realizase las gestiones para adquirir el solar propiedad de D. Juan Quesada. Así mismo, dando cumplimiento a lo ordenado en el Pleno del Ayuntamiento de 17 de noviembre de 1927, designó por unanimidad a D. Francisco Vaca Morales como arquitecto encargado de realizar el proyecto, planos y pliegos de condiciones económicas-facultativas del nuevo cementerio, a quien se le notificará el nombramiento. El pacense D. Francisco Vaca Morales (1891-1969) fue arquitecto municipal y provincial interino, así como diocesano y del catastro urbano; autor del Seminario Diocesano de Badajoz, su obra y estilo se movió entre el regionalismo historicista y el racionalismo.

Una semana más tarde, el alcalde comunicaba que las gestiones realizadas con D. Juan Quesada habían resultado satisfactorias, concertando el precio y condiciones para la compra del terreno en 2125 pesetas, el otorgamiento de la escritura por parte del señor Quesada y la retención de 125 de la cantidad indicada para gastos de escritura. Mientras ésta se otorgaba, se realizó un contrato de compraventa privado.

El 21 de abril, se acordó abonar 25 pesetas al arquitecto D. Francisco Vaca, vecino de Badajoz, con cargo al presupuesto extraordinario para la construcción del camposanto, por los gastos de viaje y estancia realizados para estudiar el terreno donde se construirá el futuro cementerio municipal.

El 16 de junio, la Comisión Permanente acordó que se adjuntara al expediente la certificación emitida por el juez municipal acerca de las defunciones habidas en el término municipal en los últimos veinte años, pasar a la Junta Municipal de Sanidad el proyecto del nuevo cementerio, comunicar al cura párroco si desea contribuir con los fondos de fábrica de la iglesia a la nueva construcción y con qué cantidad, exponer el proyecto al público durante quince días por si hubiese reclamaciones y cumplidos todos estos acuerdos, se sometan al Pleno del Ayuntamiento.

Aprobado el proyecto por la Junta de Sanidad, el 23 de julio, y por el Gobernador Civil, el 11 de agosto se resolvió sacar a subasta pública la construcción del nuevo cementerio católico municipal, una vez notificado al Boletín Oficial de la Provincia y sitios de costumbre. La subasta se publicó con fecha lunes 20 de agosto por un importe de 16.872 pesetas con un depósito del 5% (843,6 pesetas), el plazo máximo para la terminación era de seis meses desde la fecha en que se adjudicase la obra y los pagos se realizarían en cuatro plazos iguales previa certificación del arquitecto, que correría con la dirección técnica de las obras u otras personas nombradas por el Ayuntamiento.

El remate de la obra se celebró el 15 de septiembre; una semana más tarde, se aprobó la adjudicación definitiva de las obras al único postor presentado, D. Manuel Banderas Ortiz, por 16.785 pesetas y 90 céntimos, requiriéndole que en el plazo de diez días presentase el documento acreditativo de haber constituido la fianza solicitada, tras lo cual se le otorgaría la escritura de contrato. A mediados de noviembre se le abonaron 3000 pesetas. Posteriormente, el 17 de diciembre, se le volvieron a pagar 4000 pesetas ya que las obras del cementerio estaban casi acabadas; asimismo se decidió comprar 25 eucaliptos, 25 cipreses y 25 rosales para plantarlos en el nuevo cementerio.

Antes de finalizar el año 1928, el 29 de diciembre se cargó al presupuesto extraordinario del cementerio 1780 pesetas que se pagaron al contratista D. Manuel Banderas; 150 pesetas a la viuda del marmolista D. Ángel Pérez Reina que realizó una placa conmemorativa de la construcción del cementerio, situada hoy día en el interior de la entrada, y 125 pesetas a D. Antonio Bueno, vecino de Mérida, importe de los árboles y plantas que suministró para el embellecimiento del camposanto. También se nombró, con carácter interino, a D. Francisco Peñato Barrero como guarda encargado del cementerio con un sueldo anual de 900 pesetas.

El 21 de enero de 1929, previo informe del arquitecto, se determinó aumentar algunas obras por un importe de 349 pesetas a favor del mismo contratista. Igualmente, se aprobó la construcción de tres grupos de nichos: dos para adultos y uno para párvulos, ajustados directamente por el Ayuntamiento con un albañil y con arreglo a los planos de construcción del cementerio.

El 26 de enero, la Comisión se da por enterada de la entrega provisional de las obras del nuevo cementerio, que previamente fueron reconocidas por el arquitecto Vaca Morales, encontrándolas conforme a lo dispuesto en los pliegos de condiciones económicas y facultativas, recibiendo el acta de entrega el vocal del ayuntamiento D. Pedro Pérez Molina y el secretario D. Antonio Sánchez Amores.

En los meses siguientes, se aprobó, el 8 de abril, la construcción de dos nuevos grupos de nichos, uno para adultos y otro para párvulos, cuya relación de jornales se expuso al público el 22 de junio, ascendiendo a 326 pesetas, y se pagaron un mes más tarde 705 pesetas a D. Manuel Banderas por los materiales de estos dos grupos de nichos.

Por fin, el 5 de agosto, previo reconocimiento de su solidez y conservación, la Comisión Permanente levantó acta de la entrega definitiva de las obras del cementerio, transcurridos seis meses desde la provisional, firmada por el representante del ayuntamiento D. Pedro Pérez Molina, el secretario accidental D. Francisco Macías Barroso, el arquitecto D. Francisco Vaca Morales y el contratista D. Manuel Banderas Ortiz, al que se le devolvió la fianza prestada en garantía de dicha obra.

El 14 de septiembre se resolvió pagar 65 pesetas y 1 céntimo a D. Manuel Banderas por los trabajos realizados en el arreglo y despedrado del kilómetro de camino que conduce desde el pueblo al reciente cementerio.

En 1930 y 1931, bajo la alcaldía de D. Benito Gordillo Trinidad y D. Ángel Cerro Amado, se continuaron sacando a subasta la construcción de nuevos grupos nichos, mientras que con carácter de urgencia se realizaron sucesivamente 10, otros 10 y 32 nichos respectivamente al completarse los existentes; se propuso la construcción de un pozo en el cementerio para las obras que en el mismo se llevaban a cabo y regar las plantas, se rebajó el precio de los nichos del primer grupo con fosa de 100 a 70 pesetas, se abonaron a D. Miguel Álvarez Rico 20 pesetas por la rotulación de calles, numeración de nichos y otros trabajos, y se aprobó la construcción de una mesa de autopsia de cemento y demás accesorios necesarios. Por último, el 21 de junio de 1931, D. Máximo Quesada Cerrato, hijo del dueño de los terrenos del cementerio, solicitó se le devolviesen 125 pesetas en concepto de resto de cuenta de la finca vendida al ayuntamiento y el abono de la contribución, previo otorgamiento al consistorio de la escritura de la finca para poder solicitar la baja de la contribución de la misma.

FABIÁN LAVADO RODRÍGUEZ (Cronista Oficial de La Zarza)