La AIReF certifica la buena salud financiera del Ayuntamiento

El Consistorio, sin pagos pendientes del año 2021, presenta un plazo para pagar a proveedores no superior a los 12 días

JOSÉ MARÍA PÉREZ

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha certificado, a través de los datos del Observatorio de las Corporaciones Locales del mes de agosto, la buena salud financiera de la que goza el Ayuntamiento de La Zarza, no sólo por no tener deudas financieras, sino porque en la liquidación del año 2021 tuvo un superávit financiero de 300.000 de euros.

Otras reseñas relevantes del Observatorio son el plazo para pagar a proveedores, el cual no supera los 12 días (datos del mes de marzo de 2022) y la ausencia de importes pendientes de pago del año 2021.

En cuanto al resumen de la liquidación presupuestaria del citado año en el apartado de ingresos, la transferencia del Estado equivale al 16% (0.6 millones), las tasas suponen el 23% (0,9 millones); los impuestos, el 29% (1,2 millones), mientras que otros ingresos representan el 31% (1,2 millones) del total.

En lo referido al gasto, los gastos sociales y servicios básicos constituyen el 42% del total (1,5 millones); Sanidad, educación, transporte y otras actividades, el 39% (1.4 millones) mientras que el capítulo de 'otros gastos' suponen el 19% de lo presupuestado (0.7 millones).

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) es una Autoridad Administrativa Independiente (AAI) con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia respecto de las Administraciones Públicas y que actúa de forma objetiva, transparente e imparcial. Tiene por objeto velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas como vía para asegurar el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad española a medio y largo plazo.

Su misión es garantizar el cumplimiento efectivo por parte de las Administraciones Públicas del principio de estabilidad presupuestaria previsto en el artículo 135 de la Constitución Española, mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario y del endeudamiento público.